De principio a fin, nueva revisión a Hidroituango

Una nueva investigación al proyecto de Hidroituango, quizá la más rigurosa por el alcance que pretende, anunció ayer la Contraloría General para determinar un presunto detrimento patrimonial de la megaobra a Antioquia, Medellín, al Idea, a EPM y a la Nación por supuestas deficiencias en la construcción.

La revisión, que también implica el hallazgo de posibles responsables y la situación de la obra, tiene la connotación de control excepcional mediante actuación especial, y será liderada por el contralor Delegado de Minas y Energía, y actual vicecontralor (e) Ricardo Rodríguez Yee, quien hizo parte del equipo que descubrió el caso de Reficar.

Además, reveló la Contraloría, del proceso de análisis hace parte un grupo de expertos, entre los que están ingenieros civiles, geotecnistas, especialistas en hidrología y auditores.

Rodríguez apuntó que la investigación abarca la formulación del proyecto hasta su final, incluso con “ ingeniería forense en términos fiscales”. Así mismo, agregó, se revisarán 200 contratos, la promesa de valor de generar energía y hará seguimiento a los procesos de decisión tomados tanto en el transcurso de la obra como en la contingencia que inició el 28 de abril de 2018.

“Vamos a revisar todos los contratos y el proceso constructivo, además de los daños colaterales”, dijo y enfatizó que “hay unas líneas trazadas de trabajo que tienen que ver con la revisión de la contingencia del proyecto”.

El anuncio de la actuación especial por parte de la Contraloría a Hidroituango se da un día después que la Procuraduría revelara la apertura de investigación formal contra varios miembros de la junta directiva de EPM, funcionarios y encargados de instituciones ambientales, entre ellos el gerente de la empresa, Jorge Londoño de la Cuesta, el gobernador Luis Pérez, el exgobernador Sergio Fajardo, y el alcalde Federico Gutiérrez.

Resultados a mitad de año

Según el contralor Rodríguez, el tiempo probable del ejercicio de control al proyecto energético será de 5 meses y de ahí en adelante, acotó, se hará un estricto seguimiento a los escenarios que implicarían un eventual desabastecimiento eléctrico, durante el último semestre de 2021 y el primer semestre de 2022.

“El país no puede entrar a caer en unas condiciones de arrepentimiento sobre este tipo de proyectos (…) Es complicado que Colombia compre energía eléctrica con tarjeta de crédito”, anotó.

Sobre el proceso de revisión, el contralor General Carlos Felipe Córdoba afirmó que la apuesta es que Hidroituango salga adelante, “pero quienes hayan tomado malas decisiones o aparezcan involucrados en algún tipo de irregularidad, que amerite un enjuiciamiento por esa conducta, tendrán que responder por esas actuaciones”.

Córdoba agregó que se revisará la posible aprobación de obras adicionales, cuestionadas técnicamente desde el principio por riesgos de derrumbes y deslizamientos, y que finalmente se hicieron.

“Se evaluarán las presuntas irregularidades que pudieron darse por la implementación y ejecución del plan de aceleración para adecuarse al nuevo cronograma de obras, ya retrasado, sin autorización previa de la junta directiva, e imputado como costos al proyecto”.

De acuerdo con el contralor, el interés del organismo, además de proteger los recursos públicos, es “mitigar el riesgo al que están expuestas las comunidades aledañas al proyecto, así como el daño ambiental que se está produciendo y garantizar su resarcimiento”.

Córdoba concluyó que “se determinarán las pérdidas por los recursos que se han requerido para atender las emergencias ambientales, sociales y ecológicas ante los contratiempos presentados en la construcción de las obras”.

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